La vivienda en la India
© Nagappa
Hasta los años 90 en la India la vivienda no se consideraba como un derecho básico de la sociedad ni tampoco como una prioridad en el debate político. A raíz del exponencial aumento de la población y de las migraciones masivas desde las zonas rurales a las urbanas, en el 1998 el Gobierno empezó a manifestar un creciente interés por la materia, forzado también por las presiones internacionales. Sin embargo, todavía a día de hoy, a causa de la falta de políticas sociales específicas, las condiciones de vida de la población rural son todavía muy precarias.
1. Marco legislativo de la India
Existen grandes diferencias entre la legislación sobre vivienda de las grandes ciudades y de las zonas rurales. En este sentido, no fue hasta la década de los noventa cuando el gobierno indio comenzó a tomar medidas para dotar a la población rural de una vivienda digna. A partir del noveno plan quinquenal la administración india reconoció la vivienda y la construcción como una actividad productiva que estimula la ocupación y el crecimiento económico.
En el 1998 se elaboró la nueva Política Nacional de Vivienda y Habitabilidad (NHHP), que establecía el ambicioso objetivo de proporcionar ‘Vivienda para todos’ tanto en las zonas urbanas como en las rurales. A partir de ese momento se pusieron en marcha numerosos programas estatales.
En la mayoría de los estados de la India y también en Andhra Pradesh los programas actuales para la vivienda rural siguen la pauta de esos planes. Uno de los más importantes es el Indira Awaas Lojana (IAY), destinado a proveer una subvención completa para la construcción de casas a través de presupuestos estatales y que está dirigido a la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.
Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de políticas relacionadas con vivienda iniciadas específicamente en Andhra Pradesh son del año 2005. Antes de esta fecha no había regulación al respecto. Por ello, la mayoría de casas están en malas condiciones. Las recientes normas tienen como objetivo aumentar el número de viviendas disponibles, transformar las construcciones precarias en casas permanentes y prestar servicios básicos como agua potable, electricidad y letrinas individuales.
Dentro del programa específico INDINERAMMA (nuevo plan de desarrollo integral de zonas rurales y urbanas), puesto en marcha por el Gobierno en el 2006, se encuentran los programas de Vivienda Permanente Rural (RPH), que ofrecen a toda la población que vive por debajo del umbral de la pobreza (dálits, tribales, backward castes y las minorías étnicas) la construcción de casas permanentes en condiciones de salubridad. Además, también está el programa de Vivienda Semipermanente (SPH) para los mismos colectivos. En el periodo 2006-2009 se planeaba conseguir que todas estas comunidades tuviesen un hogar digno.
Para proporcionar financiación a los proyectos el Gobierno confía en la Corporación de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUDCO), empresa estatal encargada de poner los fondos para la construcción de viviendas y suministro de infraestructuras, y en especial para ofrecer apoyo a las familias con bajos ingresos. Otra forma de pago de las casas es el programa de subsidios Credit-cum-Subsidy, lanzado por el gobierno indio en el año 2000. Esta iniciativa está pensada para ofrecer formas de financiación al segmento de la población con unos ingresos de 32.000 rupias, que vive justo por encima de la línea de pobreza, pero sigue siendo vulnerable.
2. Acuerdos Internacionales
El derecho a la vivienda se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, en el artículo 25.1. De la misma manera, se incluye en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que entró en vigor en el 1976. El artículo 11 del documento asegura que “los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
Desde la primera Conferencia sobre vivienda y asentamientos de Vancouver (Canadá) en el 1976, conocida como ‘Habitat I’, se crearon una serie de principios fundamentales con el objetivo que los gobiernos y organizaciones internacionales pudieran tomar acciones en materia de vivienda. En el 1996 se reunió el ‘Habitat II’ en Estambul, donde se redactó una agenda para garantizar el derecho a una vivienda digna y se comenzó a involucrar a las ONG y a la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, en la revisión de esta agenda, en Nueva York 2001, se observaron serios retrocesos en cuanto a la participación de las ONG y autoridades locales.
Aún así, la apuesta por el desarrollo continuó con el Programa de Derecho a la Vivienda de la ONU que se inició en abril de el 2002, como una iniciativa conjunta de ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo de fondo era introducir un enfoque que permitiera a los estados adoptar medidas para proteger y asegurar la “realización completa y progresiva” del derecho a una vivienda digna.
De nuevo en el Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU, en la Meta 11, aparece el compromiso de la comunidad internacional para el 2015 de mejorar la vida de al menos 100 millones de habitantes que viven en chabolas y viviendas en malas condiciones. Sin embargo, la migración rural a zonas urbanas y la rápida urbanización hacen difícil que esto pueda llegar a cumplirse.